“Lo que olvidan permanentemente las autoridades de salud es que, sobre los problemas de salud sexual continúa habiendo un fuerte estigma y discriminación, y es eso lo que constituye otra enfermedad social“, manifestó uno de los activistas que busca visibilizar la realidad de las personas con VIH.
De acuerdo a los cambios en el calendario de vacunación contra el COVID-19 informados por el gobierno este miércoles, las personas que padecen de enfermedades crónicas, o enfermedades de base deberán esperar hasta marzo para vacunarse.
Lo anterior, priorizando la inoculación de trabajadores de la educación para dar inicio al calendario académico y posibilitar las clases presenciales.
Entre quienes fueron postergados para recibir la vacuna contra el COVID-19 se encuentras los pacientes con VIH positivo, que ya han denunciado discriminación por parte de las autoridades por la falta de confidencialidad que supone obligarlos a presentar un certificado médico que asegure su condición.
Carlos Faras, cientista político e impulsor de la pastilla Prep que previene el VIH, calificó de errática y contradictoria la forma en la que las autoridades han abordado la inoculación de personas con patologías de base.
“El comportamiento del gobierno respecto al proceso de vacunación de personas con comorbilidades, con enfermedades de base, ha sido bastante errático, contradictorio, con protocolos siempre haciéndose y rehaciéndose“, señaló.
Para el también magister en métodos para la investigación social, esto “ demuestra profundas contradicciones internas, como con el tema de los migrantes, y la verdad es que eso también confunde a los usuarios de la salud que al final no saben qué hacer“.
Por otro lado, y en relación al certificado médico que deberán presentar, que acredite el diagnóstico VIH/SIDA, aseguró que “es un total irrespeto a lo que son las normas de privacidad y confidencialidad de todos los usuarios de la salud, y no solo para las personas que viven con VIH».
“Este comportamiento errático que ha tenido el gobierno en hacerle entender a los proveedores clínicos la importancia de respetar estas normas básicas con los usuarios de la salud, y en particular con las personas que tienen patologías de base, demuestra un profundo desconocimiento en saber cómo abordar de una manera integral este tipo de temas, una ignorancia», sentenció.
El cientista político, por otro lado, destacó la determinación de la seremi de Salud de Los Lagos, que vacunará a personas seropositivas en Centros de Atención y Control de VIH, y lo que esto implica para la protección de las personas con VIH.
“Lo que olvidan permanentemente las autoridades de salud es que, sobre los problemas de salud sexual continúa habiendo un fuerte estigma y discriminación, y es eso lo que constituye otra enfermedad social», cerró.
Necesidad de una respuesta integral del gobierno
Scarleth Fernández, activista trans y feminista, se unió a las palabras de Faras, indicando que “urge que desde el programa nacional de VIH, a través de hospitales, en las unidades de salud sexual, las personas puedan recibir las dosis del tratamiento (contra el COVID-19), y de esta forma no exponerse en otros espacios que dejen en evidencia su estado serológico».
“Es necesario el fortalecimiento de la política pública, pero también mayor incidencia de la sociedad civil para exigirle al ministerio de salud que pueda tomar mayores cartas en el asunto respecto a una respuesta integral en torno a la temática“, agregó.
Por su parte, el activista VIH positivo residente en Iquique, Felipe Díaz Olave, entregó sus felicitaciones a la seremi de Los Lagos, señalando que es una decisión “empática, justa, respetuosa y que además obedece a la realidad de quienes vivimos con este virus“.
Por otro lado, denunció una situación irregular que perjudicará a todas las personas seropositivas de la Región de Tarapacá, quienes deberán esperar aún más para ser inoculadas contra el coronavirus.
No se vacunará en Iquique hasta nuevo aviso
“Nos informaron que acá no se va a vacunar en la unidad, producto que la enfermera encargada está contagiada con COVID y en una situación de salud complicada“, afirmó. En la zona, existe sólo un recinto médico, el Hospital de Iquique, que recibe a pacientes de siete comunas aledañas.
“El hospital nos informó que no va a contratar a otra enfermera para vacunar, y por ende nosotres vamos a quedar al final de la lista“, acusó el activista de Iquique. “Me parece una irresponsabilidad espantosa, tremenda, y lo peor es que no se nos informa, no se nos avisa, y no existe ningún canal de comunicación, con nosotres que vivimos con este virus“, agregó.
“Vuelvo a reiterar mis felicitaciones a esta determinación que se lleva a cabo en el sur de Chile, esperando que las autoridades del resto del país, que están a cargo de la salud pública, de acá del norte de Chile, y especialmente al seremi de Salud Manuel Fernández (que) vea esto como una referencia, como una acción que es importante, necesaria y urgente“, dijo Díaz.