La concepción de un Estado al que le son ajenos los actos de discriminación representa un preocupante retroceso en el debate público argentino.
Sin sospecharlo, en su columna de opinión publicada por este medio en el día de ayer, el periodista Marcelo Duclós traza la mejor comparación posible para defender aún más aquello que él busca desmantelar. Al ubicar en pie de igualdad a la dramática ley de alquileres con la nueva ley de VIH, hepatitis, tuberculosis e infecciones de transmisión sexual -a la que define como “peor” que la primera- el autor pone de manifiesto cuán hermanas irreconciliables son, en su horizonte ideológico, la propiedad privada y la salud pública.
Expone así, además, cuán separadas al nacer fueron en su caso la información y la historia. A ninguna de ellas se accede llave en mano: tratándose de un comunicador, conocer la historia y buscar la información es una obligación, no el resultado de una transacción financiera. Ni la historia ni la información duermen en un cuarto propio obtenido por esfuerzo individual: desde el que el sida es sida, hace ya más de cuarenta años, la historia pasea sus muertos e incita a la información debida.
Así, la fantasía de un dueño que alquila sus propiedades y un conjunto de inquilinos “con sida” que -integrados al sistema empresarial y felices en sus trabajos formales- pagan a término sus rentas, parece estar en la base del país con el que Duclós fantasea; una república de diagnósticos reservados y portadores de armas letales -sí, vuelve a usar el término “portador”, policíaco y asesino-. Un país con oficinas de Recursos Humanos facultadas a solicitar en los exámenes preocupacionales tests de VIH porque de lo contrario restringirán más las contrataciones. Un país fresco, narrado con la pureza de aquel que ve la infección de lejos y teoriza sobre la “podredumbre” ajena.Un país colmado de consejeros que desde el cenit de sus heterovidas recomiendan una existencia sin reclamos legales, de forma tal que “los enfermos” luzcan tan desinfectados y satisfechos como los sanos. Un país en el que las infecciones son de clase media.
Más grave aún, en su texto Duclós apuesta, sin nombrarlo, a un Estado cómplice que logre desentenderse de su responsabilidad como articulador de exclusiones y salga indemne frente a delitos tales como frecuentes faltantes de medicación antirretroviral, ausencia de campañas de prevención y acefalía de áreas nucleares como la Dirección Nacional de SIDA, por citar sólo tres ejemplos. Por supuesto (y sobre todo) quien allí escribe se limita al VIH y se limita a la homosexualidad, reanudando ese lazo que hizo posible el exterminio de más de una generación. En su nota, la ley es sólo y fundamentalmente culpa del VIH -serofobia y “sidismo” desatado- y la ley es sólo y fundamentalmente culpa de los maricones -serofobia, “sidismo” y homofobia barnizada-. Allí radica la clave de su operación. Cosa de putos.
Con la mira puesta solamente en el artículo 9 -derechos laborales y prohibición de despedir por VIH- Marcelo Duclós dice bregar por la ampliación de ofertas laborales. Al prohibir, la oferta se reduciría y la discriminación aumentaría. ¿Qué oferta? ¿Qué otra reducción? ¿Más discriminación? El artículo sostiene que lo que no se puede hacer es despedir a alguien porque vive con VIH, o impedirle el ingreso. O impedirle un ascenso.
Según números oficiales, el 70% de las personas infectadas no tiene empleo formal y a pesar de que ya existen resoluciones ministeriales al respecto, las empresas continúan realizando pruebas de VIH sin el consentimiento de los postulantes y en connivencia con laboratorios químicos. A modo de cita veloz, durante el primer semestre de 2021 fueron públicas las experiencias de segregación seguidas de despido de tres personas diferentes que viven con VIH. La norma que la cámara baja acaba de aprobar prevé sanciones para estos actos. Desde ya, no serán actos fácilmente sancionables. Sin embargo, sí serán más fácilmente denunciables.
De las 140 mil personas que viven con VIH en el país, la mayoría se atiende en el sistema público de salud. Es decir, no tiene obra social y mucho menos servicio de medicina prepaga. Alrededor de 30 mil sí tienen trabajo. A ellas “sería terrible no despedir” según Duclós. Para los volúmenes de un país, son números demasiado bajos. Otro tanto ocurre frente a las jubilaciones. Si el Senado aprueba la ley, sólo alrededor de 500 personas quedarían en condiciones de acceder a jubilarse y año tras año, como mucho, se sumarían entre 20 y 30 personas más. En el caso de las pensiones, cerca de 7 mil.
En 2021, Anses elaboró un informe en el que argumenta cómo y por qué una medida semejante es posible y es sustentable. Y en la sesión del jueves, el conmovedor discurso del diputado Maximiliano Ferraro (Juntos por el Cambio) despejó toda suspicacia al respecto: superados los 50 años de vida, las personas que viven con el virus se enfrentan a múltiples desafíos físicos y mentales, en muchas ocasiones, un envejecimiento prematuro efecto de una vida medicalizada. Por las dudas, Ferraro no es el ultracristinista que Duclós desearía que fuera para que la defensa de los derechos humanos sea tan previsible como un rectángulo.
Estimado Marcelo: hoy, en la Argentina, el 45% de las personas con VIH que tiene entre 45 y 60 años, muere. Difícilmente entonces llegue a los 30 años de aporte y a la edad jubilatoria. ¿Qué propone?