GINEBRA, 8 de octubre de 2020— Gracias al gran bagaje que le han dado sus 40 años de respuesta al sida, ONUSIDA publica una nueva guía para reducir el estigma y la discriminación en el contexto de la COVID-19. Sus orientaciones parten de las últimas pruebas de lo que verdaderamente funciona para reducir el estigma y la discriminación relacionados con el sida, y se puede aplicar a la COVID-19.
Desde que comenzara la pandemia de la COVID-19, se han denunciado diversas manifestaciones del estigma y la discriminación, incluyéndose entre ellas la xenofobia contra las personas a las que se culpa de traer la COVID-19 a los países. Asimismo, se han registrado agresiones contra los sanitarios y los supervivientes de la COVID-19 han sido en ocasiones víctimas de violencia tanto física como verbal. Igualmente, se han producido aún más ataques contra los grupos de población que ya estaban sometidos al estigma y la discriminación, entre los que se encuentran las personas que viven con el VIH, los miembros de minorías sexuales y de género, los trabajadores sexuales y los migrantes.
«Junto con el miedo y la incertidumbre que surgieron durante la pandemia, enseguida aparecieron el estigma y la discriminación», señala Winnie Byanyima, Directora Ejecutiva de ONUSIDA. «El estigma y la discriminación son contraproducentes. Exponen a las personas a la violencia, al abuso y al aislamiento; les impiden acceder a los servicios sanitarios y hacen que las medidas de salud públicas resulten ineficientes para controlar la epidemia».
El documento Addressing stigma and discrimination in the COVID-19 response (Cómo abordar el estigma y la discriminación en la respuesta a la COVID-19), ofrece a los países unas directrices para actuar respetando los derechos humanos, lo que se hace visible a través de la educación, el apoyo, las derivaciones a centros sanitarios y otras intervenciones. Mediante sus directrices, ONUSIDA busca ofrecer soluciones en seis áreas específicas: la comunidad, el lugar de trabajo, la educación, la atención sanitaria, la justicia y los entornos de emergencia/humanitarios.
Al igual que ya sucedió con la epidemia del VIH, el estigma y la discriminación minan considerablemente las respuestas a la COVID-19. Las personas que ya tienen interiorizado el estigma o que anticipan dichas actitudes estigmatizantes son más dadas a evitar los servicios relacionados con la atención sanitaria. Se muestran más reacias a someterse a las pruebas y admitir los síntomas, y tratan de desvincularse de la pandemia por todos los medios.
«Sabemos perfectamente lo que funciona y lo que no; somos conscientes de lo que debemos hacer para cambiar las creencias y los comportamientos. Durante los últimos 30 años nos hemos ocupado de liderar con gran éxito la respuesta al VIH, hemos logrado una experiencia ingente y muy valiosa. A lo largo del camino que hemos emprendido hemos recabado un gran conocimiento y cosechado una enorme sabiduría», admite Alexandra Volgina, coordinadora de programas de la Alianza mundial para eliminar todas las formas de estigma y discriminación relacionadas con el VIH. «Queremos compartir todo ello para mejorar las vidas de las personas, para contribuir como mejor sabemos a superar la pandemia de la COVID-19».
Algunos países han recurrido a un derecho penal ya existente, y en otros casos han elaborado leyes específicas para la COVID-19, con el objeto de criminalizar la presunta exposición o transmisión de la COVID-19, y por ello han metido a más personas en cárceles, centros de detención u otras instalaciones de internamiento donde la enfermedad del nuevo coronavirus se transmite muy fácilmente.
«No hay mayor manifestación del estigma que cuando lo vemos encerrado en la propia ley. El empleo de las leyes penales y de otras medidas represivas injustificadas y desproporcionadas con relación a la COVID-19 está teniendo un impacto devastador sobre los más vulnerables de la sociedad, incluyéndose aquí muchas personas que viven con el VIH, ya que no se está sino exacerbando las desigualdades y perpetuando el estigma», insiste Edwin J. Bernard, director ejecutivo de HIV Justice Network. «Las medidas que respetan los derechos humanos y capacitan a las comunidades serán siempre infinitamente más eficaces que los castigos y encarcelamientos. Solo deseamos que estas recomendaciones basadas en pruebas para reducir el estigma y la discriminación relacionadas con la COVID logren ayudar realmente a quienes más lo necesitan».
Los informes de los que se dispone de los primeros días de la COVID-19 se hacen eco de la discriminación relacionada con el género y de la violencia de género, así como del acoso al que estuvieron sometidos los grupos de población clave, incluyéndose aquí los trabajadores sexuales. Igualmente en ellos se recogen los arrestos y las palizas sufridos por las personas lesbianas, gais, bisexuales, transgénero e intersexuales. En abril de 2020, tras un gran número de denuncias por violencia y debido al enorme estigma y la gran discriminación derivados de la aplicación de medidas para controlar la COVID-19, ONUSIDA comenzó a identificar las acciones necesarias para responder, y en agosto publicó un informe titulado Derechos en pandemia, en el cual se recogen muchas de las violaciones de los derechos humanos que se produjeron en las primeras fases de la respuesta a la COVID-19.
La nueva guía, titulada Addressing stigma and discrimination in the COVID-19 response: applying the evidence of what works from HIV-related stigma and discrimination in six settings to the COVID-19 response (Cómo abordar el estigma y la discriminación en la respuesta a la COVID-19: aplicación de las pruebas de lo que funciona para acabar con el estigma y la discriminación relacionadas con el VIH en seis ámbitos de la respuesta a la COVID19), forma parte de los esfuerzos de ONUSIDA y la Alianza mundial para eliminar todas las formas de estigma y discriminación relacionadas con el VIH para acelerar el progreso respecto al objetivo de la cero discriminación. Todo ello en línea con los compromisos políticos que los Estados miembros de las Naciones Unidas firmaron en la Declaración política de 2016 para acabar con el sida y lo recogido en el Objetivo 3 de desarrollo sostenible, de acuerdo con el cual se persigue acabar con el sida como amenaza de salud pública para el año 2030.