Existe una serie de políticas públicas para abordar la criminalización, el estigma y la discriminación que se encuentran en la intersección de vivir con VIH y utilizar drogas. Todas estas opciones se alejan de la política de prohibición, y más bien, transitan por mecanismos que están más centrados en las necesidades de las personas.
Durante el mes de julio se celebró HIV 2020, un evento que consistió en una serie de conferencias y actividades para reafirmar el papel principal que desempeñan las comunidades en la respuesta mundial al VIH. Esta conferencia surge en respuesta a la inaccesibilidad que representaba realizar la histórica conferencia AIDS 2020, que en esta ocasión sería en San Francisco, Estados Unidos, donde las poblaciones clave se enfrentarían con barreras para entrar al país. La contingencia provocada por el COVID-19 ha hecho que ambas se realicen en la virtualidad, aunque lo que ahora ha permanecido es un liderazgo por parte de las comunidades impactadas por los temas, presente en HIV2020.
Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 2019 cerró con 38 millones de personas viviendo con VIH a nivel global, de las cuales 1,7 millones representan nuevos casos. Asimismo, durante ese mismo año, murieron 690 mil personas por causas relacionadas a este virus. En el marco de América Latina, ONUSIDA registró un aumento del 7% de los casos entre 2010 y 2018 en toda la región. Es importante mencionar que, la llegada del COVID-19, ha complicado en gran medida el panorama de la población con VIH, ya que 5 de cada 10 personas han presentado dificultades para acceder a su tratamiento debido a la escasez de suministros antirretrovirales. En México, las autoridades sanitarias registran en promedio dos nuevos casos de VIH y SIDA cada hora. Existen muchas maneras de contraer el virus, y en las personas que usan drogas es una situación común cuando equívocamente se comparte parafernalia, sobretodo entre quienes inyectan drogas.
Estas cifras muestran la necesidad de generar estrategias focalizadas. Las acciones actuales de la Secretaría de Salud y otras agencias estatales en materia de prevención y atención de este virus se enfocan en grupos clave o que están en situación de desigualdad, pero pocas veces se dirigen estrategias orientadas a personas que usan o inyectan drogas. Son varias las posibles prácticas de riesgo que facilitan la transmisión de infecciones entre personas usuarias de sustancias psicoactivas, sobre todo si son poblaciones vulneradas y no tienen acceso a programas de información, educación o intervenciones de reducción de riesgos y daños. Dejar de compartir material de inyección entre dos o más personas, como agujas y jeringas, es una de las estrategias principales para reducir estos riesgos.
Derivado de esto, varias organizaciones en América Latina realizamos un taller sobre políticas de drogas y prevención del VIH desde el enfoque de la reducción de riesgos en HIV2020, abordando la temática de los riesgos para las personas que inyectan drogas, , la falta de acceso a medicamentos y tratamientos, y las dobles vulneraciones y estigmas que se experimentan en estos contextos.
Existe una relación directa entre la criminalización del uso y distribución de sustancias psicoactivas, el estigma, y la discriminación que viven las personas que usan drogas. La política de prohibición ha generado que se criminalice la portación y el uso de sustancias en ciertos contextos, lo cual además de crear una grave incertidumbre legal que violenta nuestros derechos y abrir la posibilidad de extorsiones por parte de autoridades, ha provocado estigmas frente al consumo de drogas en distintas esferas comunitarias: la familia, la escuela, el trabajo y las calles. Esto facilita que se experimenten situaciones de discriminación al intentar acceder a servicios públicos o privados de salud o justicia. Los prejuicios imposibilitan la atención médica oportuna, lo cual usualmente genera diagnósticos tardíos donde el margen de tratamiento es más invasivo y menos efectivo. Es un espiral que margina más a las personas con altas necesidades sociales.
Las razones por las cuales las personas deciden utilizar sustancias son diversas, ya sea desde la experimentación y el goce del placer, hasta la atención de condiciones de salud o padecimientos de dolor. Asimismo, hay una serie de programas y estrategias de reducción de riesgos y daños que han demostrado ser abordajes más efectivos que aquellas actividades de prevención, disuasión del consumo o abstinencia que han predominado bajo la lógica prohibicionista. Para ello, hicimos una serie de preguntas a las personas que participaron en el taller, para construir una narrativa colectiva sobre las drogas y temas relacionados a éstas. En la mayoría de las respuestas, los grupos participantes respondieron que las drogas son sustancias químicas que provocan una alteración al sistema nervioso central, favorecen la interacción con el mundo, modifican el estado psíquico y facilitan la introspección.
El estigma que viven las personas que usan drogas tiene un impacto en la discriminación que viven las personas con VIH en la provisión de servicios, de prevención, detección oportuna y tratamiento. Asimismo, las personas que viven con VIH tienen difícil acceso a medicamentos para aliviar el dolor, en caso de que existan padecimientos con dolor crónico, para lo que sustancias como el cannabis5 y el opio han resultado ser bastante útiles. Esto, además de que el tabú, los prejuicios, y la desinformación frente a las drogas impone barreras para que pacientes puedan hablar en confianza con profesionales de la salud sobre su consumo de drogas, y conocer recomendaciones o contraindicaciones al respecto, lo cual es particularmente relevante durante tratamientos antirretrovirales. De igual forma, el enfoque abstencionista que exige abandonar el uso como requisito indispensable para recibir atención médica genera mayor exclusión para quienes la abstención no es una opción.
Existe una serie de políticas públicas para abordar la criminalización, el estigma y la discriminación que se encuentran en la intersección de vivir con VIH y utilizar drogas. Todas estas opciones se alejan de la política de prohibición, y más bien, transitan por mecanismos que están más centrados en las necesidades de las personas. La regulación de las sustancias psicoactivas, como en el caso de la cannabis, brindarán un acceso seguro a éstas, conociendo la calidad, y sin tener que recurrir a un mercado clandestino que pone en mayor riesgo a pacientes y personas usuarias. Necesitamos políticas que reconozcan y aprovechen los beneficios de las drogas, en lugar de seguir criminalizando a las personas que decidimos usarlas.
Es necesaria una reforma a las políticas de drogas para que las detenciones arbitrarias, el encarcelamiento masivo y los múltiples abusos físicos y psicológicos, dejen de formar parte de la cotidianidad de las personas usuarias. Recordemos que es común que se decida no acudir a los servicios de atención médica debido a la violencia policial y judicial que es ejercida en contra de las personas. No podemos seguir llenando los centros penitenciarios de personas que usan drogas, ni continuar desplazándoles a ambientes de alto riesgo donde no los servicios de prevención y tratamiento de VIH son escasos o nulos. Debemos trascender la lógica punitiva respetando la autonomía de las personas, promoviendo el trabajo entre pares e incentivando su participación en las políticas públicas que buscan mejorar niveles de calidad de vida.
Esta reforma debe contemplar programas de reducción de riesgos y daños que aseguren el acceso a educación sexual integral, la distribución gratuita de preservativos y garanticen la fácil accesibilidad a pruebas periódicas de infecciones de transmisión sexual y sanguínea. Para disminuir el impacto de la transmisión de VIH en personas usuarias de sustancias psicoactivas, se deben diseñar distintas estrategias enfocadas a jóvenes, a la comunidad LGBT+, personas trabajadoras sexuales, y hacia aquellas privadas de la libertad. Es fundamental capacitar y sensibilizar al personal médico para derribar el mito de la abstinencia previa como la única opción de tratamiento. Priorizar acciones inmediatas como el suministro de material inyectable higiene y terapias de sustitución de opiáceos, tiene un mayor alcance a mediano y largo plazo. Cada persona debe ser atendida con la alternativa más conveniente según su contexto social, estado de salud y necesidades personales, siempre desde el consentimiento informado.
* Jorge Herrera Valderrábano (@jhvalderrabano) es Internacionalista por el Tecnológico de Monterrey y estudiante de la Licenciatura en Trabajo Social en la UNAM. Es socio fundador de Ágora México, y cofundador del Instituto RIA. Romina Vázquez estudió Derechos Humanos y Gestión de Paz en el Claustro de Sor Juana. Es coordinadora en el Instituto RIA e investiga sobre centros de reclusión, paz y política de drogas.