Luego de reiteradas críticas y la presentación de un recurso de protección, las autoridades sanitarias dieron pie atrás a la exigencia del certificado GES 18. Esto, con el fin de resguardar el derecho a la confidencialidad en el diagnóstico de personas con VIH, sin embargo, en los Servicios de Salud se sigue mencionando el uso de un documento que acredite la condición de seropositivo. En este contexto, se observan inconsistencias en la política comunicacional y para las organizaciones y activistas es un “desastre” la forma de operar del Minsal en este caso.
La tarde de este 4 de febrero las autoridades responsables del protocolo de vacunación para personas con VIH/Sida anunciaron la modificación de este. Lo que derivó en que el proceso ya no exigirá a los pacientes presentar un certificado de atención por el GES 18.
La noticia se conoció mediante un comunicado y correo emitido por el Departamento del Programa Nacional de Prevención y Control del VIH/Sida e ITS. Esta entidad, dependiente de la Subsecretaría de Salud Pública del Ministerio de Salud, aclaró que “con el fin de facilitar el acceso a la vacuna, se ha eliminado la condición o requisito de solicitar la orden emitida por los centros de atención de VIH”.
La decisión surgió luego de la crítica de diversas organizaciones por el mencionado requisito, además de la inexistente invitación a participar del proceso de elaboración del protocolo. Esta situación incluso derivó en que el periodista y activista, Víctor Hugo Robles, presentara ayer un recurso de protección en contra del Minsal.
Y sigue la lluvia de críticas
El cambio fue también informado mediante un mail enviado a diferentes activistas en el tema. Entre ellos, Robles, quien sostuvo su preocupación en el caso. “Si bien el correo de la jefa del programa, Ana María San Martín, señala la importancia de respetar la confidencialidad del diagnóstico, desgraciadamente el documento oficial -que se suma al ordinario n°500- que es una consideración para los equipos de salud, no dice una palabra del respeto de la confidencialidad. Entonces, el documento sigue siendo ambiguo“, señaló.
“El documento oficial no aparece con firma, no va junto con un oficio enviado a los programas de VIH, a los seremis, a los servicios de salud, carece de oficialidad. (…) El documento no incluye la gran demanda que hemos hecho las personas viviendo con VIH: Que se señale taxativa y claramente el respecto a la Ley de Sida, en cuanto a la confidencialidad”, reclamó.
En esa misma línea Luis Zambrano, miembro de la agrupación Vida Más del Hospital Sótero del Río y de la Plataforma Social del VIH/SIDA, colocó el acento en que “se deja la confidencialidad al criterio de un tercero, porque finalmente, si el funcionario que te llega a atender pregunta ‘¿qué enfermedad tiene?’ uno se puede sentir obligado (a responder) para inocular”.
“Frente a ese situación sigo insistiendo que lo más lógico sería que la vacunación se efectuara en cada centro de atención, cosa que la personas se sienta mucho más cómoda”, determinó.
Luis Zambrano
A todas estás críticas y preguntas se une el activista Matías Marín del Círculo de Estudiantes Viviendo con VIH (CEVIH), quién aseveró, que una vez más, la forma en que se da a conocer este tipo de información parece improvisada. “Nosotros nos enteramos de que existía este nuevo protocolo porque Víctor Hugo me lo envió”, dejó en claro.
“Este tipo de improvisaciones son muy graves para las personas que vivimos con VIH en Chile. Si no tenemos claridad con respecto a cuándo va a ser, qué día, en que fecha, qué documento hay que presentar o si es que no hay que presentar documento. Me parece que es bastante engorroso”, cuestionó.
Matías Marin
Para responder los reclamos, la directora del Programa Nacional de Prevención y Control del VIH SIDA e ITS, Ana María San Martín, fue contactada por nuestro medio. Sin embargo, su respuesta fue que en primera instancia debíamos adquirir un permiso para conversar con ella, debido a que es funcionaria del sector público. Ante esta situación, nos comunicamos con el Dr. Alejandro Afani, quién es parte de los especialistas que aparecen nombrados en el documento.
Afani explicó, con respecto a la oficialidad del documento, que no posee el conocimiento para asegurar la necesidad de la firmas dentro de este, por lo que no podría responder al reclamo. Por otro lado, sobre la confidencialidad del diagnostico, declaró que “en ningún momento se pide el diagnóstico, te podría decir que no se va a exigir, de hecho ni siquiera el médico va a pedir una orden del examen”.
“Con el fin de facilitar el acceso a la vacuna se ha eliminado la condición o requisito de solicitar la orden emitida por los profesionales de los centros de atención VIH, eliminando por tanto la indicación de poner diagnóstico GES 18”, leyó directamente del correo enviado por el Ministerio de Salud.
Esto último se contradice con el tuit que publicó hace una hora el Servicio de Salud del Maule, donde se pide, nuevamente, la certificación como seropositivo. “En balance Covid-19, nuestro director informó “pacientes VIH están contemplados en la campaña de vacunación, se está coordinando para iniciar el 7 de febrero, podrán acudir a centros de vacunación con un pase que autorice la vacuna, entregado por el médico tratante”, anunció.
Toda estas contradicciones abren nuevas interrogantes ¿Por qué no se explicitó en el ordinario 500 el resguardo a la confidencialidad en el diagnóstico de VIH/SIDA? ¿Se le informó a todos los servicios de salud sobre este cambio con respecto a la solicitud GES 18?
Preguntas que deben ser respondidas por las autoridades de salud del país.